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MACRI VIOLA LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD
En la Ciudad la democracia está en su peor momento
Por Carlos Tomada *
Hace poco tiempo, el jefe de Gobierno porteño expresó conceptos desafortunados sobre la democracia en nuestro país. Como una paradoja, unos días después nos ilustró sobre los modos con los cuales se puede despreciar la Constitución de la Ciudad. Lo hizo con el alto argumento de la protección de la libertad de expresión.
Con el decreto 2/11, Macri crea figuras contravencionales. Violenta las reglas, la Constitución Nacional y la de la Ciudad, así como los tratados de derechos humanos. De esta manera pretende perseguir las luchas sindicales de los trabajadores de los medios. Utiliza la excusa de prevenir hechos inminentes, como las acciones sindicales por todos conocidas.
En realidad, esto es lo menos complejo. Lo que trasunta la medida es un espíritu de sobrepasar y pisar las facultades del Poder Legislativo de la Ciudad. Y, de un modo menos evidente, intenta transformar a los medios de comunicación en los únicos titulares del derecho a la libertad de expresión. Esto es lo que junto a legisladores y representantes de la mayoría de las fuerzas políticas porteñas denunciamos en la Legislatura el miércoles pasado.
La división de poderes violada
El artículo 81.2 de la Constitución de la Ciudad reclama mayoría especial para la sanción del código contravencional y de faltas. Su artículo 103 define que los decretos de necesidad y urgencia son excepcionales. Estos no se aplican a cuestiones de procedimiento penal, materia tributaria o electoral. Lo grave es que no sólo la Legislatura está funcionando, sino que la creación de figuras contravencionales es una facultad que no puede ser ejercida por el jefe de Gobierno.
La separación de poderes y el sistema republicano de gobierno no pueden ser puestos en jaque. No es una materia disponible por las provincias ni por la ciudad de Buenos Aires. Así lo dice la Constitución Nacional en el artículo 5. Esto se corresponde no sólo a cuestiones de política interna, sino al respeto irrestricto de principios de derechos humanos. Como si esto no fuera suficiente, la opinión consultiva 6/86 de la Corte Interamericana requiere que las normas represivas estén dictadas por los cuerpos legislativos pertinentes. Además, exige que sigan las reglas de procedimientos constitucionales aplicables como condición de su validez. Nada de esto parece tener importancia para quien debería dar ejemplo de apego a la institucionalidad.
Claramente, la decisión adoptada por el jefe de Gobierno implica una violación a la Constitución. Y la ignorancia total y completa de sus normas. Normas que permanentemente dice que hay que cumplir. Con este tipo de propuestas express –que parecen nacidas del oportunismo y a la medida de intereses económicos concentrados– involucra a la Ciudad en un conflicto en el que no tiene ninguna competencia.
Reclamar no es atentar
El decreto ignora estándares de derechos humanos que ratifican que la libertad de expresión es un derecho de carácter universal. Asume que los únicos que pueden ejercerla son las empresas y que la defensa de los derechos de los trabajadores son una mera herramienta de entorpecimiento de su funcionamiento. Porque es natural y obvio que un paro de trabajadores de los medios de comunicación afecta la circulación de las informaciones. Ello va de suyo. Es una cuestión retórica. Lo que se debe discutir es si esa afectación es arbitraria o surge del ejercicio legítimo de un derecho.
A lo largo de la historia de los medios de comunicación, sus trabajadores han realizado protestas. Han retirado sus firmas y ejercido la cláusula de conciencia. Han hecho paros. Huelgas. Bloqueos. No es cuestión de avalarlos necesariamente, pero sí de dejar en claro que no se trata de ataques a la prensa. Hechos ocurridos en Italia, España, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Francia así lo demuestran. Las entidades oficiales o de derechos humanos o de libertad de expresión en estos países no registran estas medidas como embates a los medios de comunicación.
No quiero dejar de insistir en el atropello a la institucionalidad. Es lo más serio. Lo más grave. La cuidadosa selección de antecedentes para justificar este decreto de necedad –y no de necesidad– deja ver que a Macri no le interesa la libertad de expresión. Tampoco los derechos humanos. Lo que sí parece preocuparle es dejar en claro que el Estado “es él”. Menos mal que no es cierto. Porque si no se harían realidad sus desubicados dichos acerca de “que la democracia está en su peor momento”. Al menos en la ciudad de Buenos Aires.
* Ministro de Trabajo – Precandidato a Jefe de Gobierno
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-166694-2011-04-21.html
MÁS APOYOS PARA TOMADA JEFE DE GOBIERNO
“Todas las transformaciones importantes en nuestro país se hicieron con frentes nacionales, populares y democráticos. Eso es lo que estamos planteando en esta reunión para la Ciudad de Buenos Aires”, señaló Carlos Tomada.
Los oradores del acto desarrollado en la Biblioteca Nacional, además de Tomada, fueron Hugo Cormick, del Frente Grande; Julio Guarido, del Partido Intransigente; Matías Barroetaveña, de Nueva Dirigencia; David Blaustein, de Carta Abierta; y
TOMADA ESTUVO PRESENTE EN PLENARIO DEL KIRCHNERISMO PORTEÑO
“La Ciudad está peor que nunca”
“Hoy estamos peor que nunca. ¿Saben porqué? Porque mientras todas las políticas del gobierno nacional mejoraron la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad, todas las que eran responsabilidad del gobierno de Macri solo sirvieron para retroceder.”, afirmó el candidato a Jefe de Gobierno, Carlos Tomada.
Tomada estuvo presente en el 1º Plenario del KIRCHNERISMO PORTEÑO que se desarrolló en la tarde de ayer en la sede central de “TOMADA EN LA CIUDAD” y participó del cierre de una jornada en la que más de 20 organizaciones políticas que apoyan su candidatura debatieron y se comprometieron a conformar una organización política que replique el kirchnerismo en la Ciudad desde las Comunas hacia la Nación.
Tomada, también analizó el futuro político de la Nación y afirmó que “el kirchnerismo llegó para quedarse. Implica una lectura política que incluye al peronismo, no se agota en él, pero que se plantea como protagonista de los próximos años de la historia argentina”.
Tomada hizo referencia a la “construcción popular” que aspira a imponer cómo modelo de gestión para la ciudad y subrayó que “es a partir de la organización popular, como se le dará la profundidad a este proyecto nacional y popular”.
Macri pretende castigar a los trabajadores de medios de comunicación
TOMADA Y LEGISLADORES PORTEÑOS CRITICARON UN DECRETO DE MACRI
Una medida ilegal y antisindical
El decreto del jefe de Gobierno que tipificó como delitos las protestas gremiales que afecten a los diarios fue considerado “inconstitucional” por el ministro de Trabajo y legisladores opositores. Mañana presentarán un recurso ante la Justicia para dejarlo sin efecto.
Por Laura Vales
El decreto de Mauricio Macri que tipificó como delitos contravencionales las medidas gremiales que afecten la producción o distribución de los diarios es inconstitucional. Así coincidieron en advertirlo el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y los legisladores de la oposición porteña, que presentarán un recurso ante la Justicia para dejarlo sin efecto. El argumento principal que plantearán en los tribunales es que el jefe de Gobierno porteño no puede, por sí mismo y porque se le ocurra, inventar infracciones.
El decreto fue firmado por Macri a raíz de las protestas sindicales que afectaron la salida de Clarín y la distribución de La Nación y ante la posibilidad de que vuelvan a repetirse. El decreto estableció que bloquear la salida de un diario es una contravención, así como también tomar cualquier tipo de medida que “perturbe” la producción de un medio gráfico, fijándoles penas de hasta 50 mil pesos o hasta diez días de prisión.
Para Tomada, el jefe de Gobierno porteño “se arrogó la suma del poder público” con el dictado del decreto. El ministro de Trabajo se reunió con legisladores de la oposición macrista y representantes sindicales para tratar el tema y dio después una conferencia de prensa en la Legislatura. Allí remarcó que considera la medida como “antisindical, porque cercena los derechos de los trabajadores y crea una amenaza contra esos derechos”. “Pretende castigar a los trabajadores de medios de comunicación”, fue su definición.
Consultado por Página/12, Damián Loreti, abogado de organizaciones sindicales de trabajadores de medios e integrante del CELS, explicó que el jefe de Gobierno porteño “no tiene facultades ni siquiera por excepción para crear figuras de infracción en el Código Contravencional y establecer penas por decreto. Esto viola la Constitución de la Ciudad, viola la Constitución Nacional y también la Convención Americana de Derechos Humanos que dijo, en el ’86, como una opinión consultiva, que las medidas restrictivas de los derechos humanos requieren ser sancionadas por ley, en el sentido de que deben ser leyes aprobadas por Parlamentos o Congresos que reconozcan la pluralidad de la representación política de la sociedad”.
Quienes se ocuparán de presentar el recurso ante la Justicia serán los legisladores porteños. El sabbatellista Gonzalo Ruanova confirmó que irán a los tribunales el viernes, con un escrito que están coordinando con Francisco “Tito” Nenna, Gabriela Alegre (kirchneristas), Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires) y Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro), entre otros. Los diputados tienen dos caminos posibles: ir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y pedir la inconstitucionalidad o presentar un pedido de amparo. Anoche se inclinaban por esto último.
Ruanova aseguró que el decreto debe ser refrendado por
Gabriela Alegre sostuvo que los legisladores están “legitimados” a pedir la intervención de la Justicia “porque Macri está pasando por encima de nuestras funciones. La Constitución Nacional y la porteña prohíben la firma de decretos de necesidad y urgencia con contenido procesal penal”.
La presentación de los diputados porteños será respaldada por organismos de derechos humanos y los sindicatos de medios. Para ser más efectivos, una posibilidad que evalúan es la de intervenir judicialmente como amicus curiae, escrito en el que se ofrecen argumentos en favor de una postura.
*http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-166235-2011-04-14.html
**Ver además http://tiempo.elargentino.com/notas/decreto-de-macri-es-inconstitucional-y-antisindical
Más información en http://buenosairesfuria.blogspot.com/2011/04/macri-por-decreto-y-pedido-de-magnetto.html
CON LOS CHICOS, NO!!! Exigimos la renuncia de la Presidente del Consejo de Derechos del Niño de la Ciudad
