El titular de la cartera laboral afirma que el Gobierno mantendrá como prioridad la lucha contra el empleo precario. La reacción de las patronales, el recambio en la UIA y su candidatura en la Ciudad. Por Luz Laici
En las últimas semanas, su ministerio absorbió buena parte de la atención pública. El destape de los escandalosos casos de explotación laboral en el campo, la resolución de la pulseada por la contratación de los tercerizados del ferrocarril Roca y la inminencia de las paritarias aportaron vértigo a la habitual procesión de conflictos que a diario circulan por el ministerio. Pero Carlos Tomada no es de los que incorporan la hiperkinesis y la retransmiten con estridencia. Más bien la metaboliza, formando una cadencia pausada al hablar que potencia sus cualidades de negociador. Al fin y al cabo, de eso trabaja un ministro de Trabajo: administra antagonismos, teje acuerdos. Pero eso no quita, claro, que existan límites precisos para los consensos. Y el trabajo esclavo, dice, es uno de ellos.
–En los últimos días se conocieron denuncias sobre trabajo rural en condiciones de explotación ¿Cómo evalúa esos casos?
–Ya por septiembre de 2003, con Néstor Kirchner, lanzamos el programa de trabajo registrado. De entrada pensamos que era un tema que había sido ignorado, cuando no fomentado, por las políticas públicas de los noventa e incluso desde antes. Si uno repasa la propuesta ideológica de quienes lo ponderan, el trabajo no registrado tiene las virtudes que esa ideología sostiene. Es un trabajo sin regulaciones, sin negociación colectiva, sin indemnizaciones, sin sindicatos y barato, porque no tiene cargas sociales. Eso contribuyó a que creciera año tras año. Recién empieza a descender a partir del 2004 al calor de un patrón productivo que genera creación de puestos de trabajo pero también, y principalmente, trabajo más formal. Esto no quiere decir que desaparece el trabajo no registrado. Veníamos, como dicen los economistas, con un stock muy alto de ciudadanos y ciudadanas que no tenían acceso a los derechos que les correspondían.
–¿Cómo intenta revertir ese proceso?
–Es una tarea ardua, porque nos encontramos con que estas cosas estaban muy instaladas, muy naturalizadas. Nuestros inspectores tenían problemas muy serios para sacar fotos, intervenir, inspeccionar, nos han dado vuelta camionetas… Lo primero que hicimos fue recrear la cultura del trabajo. Esto es clave, porque veníamos de muchos años de desocupación alta que instaló en los trabajadores y las trabajadoras una suerte de disciplinamiento por vía del terror, del miedo a perder un empleo y pánico a no conseguirlo. Pero Kirchner planteó otro paradigma. Colocó al trabajo en el centro de las políticas públicas como eje del proceso de crecimiento, y no como una variable que iba a mejorar si las cosas mejoraban en general. Ya no más aceptar un trabajo degradado antes que ningún trabajo, sino fortalecer el trabajo decente, como dice la OIT, trabajo digno, con protección social. Y en esa dirección fuimos.
–¿La creación de empleo empujó la toma de conciencia?
–Exacto. En la medida que se generaba empleo, y estoy hablando de cinco millones de puestos de trabajo, en la medida que funcionaban las paritarias y se recuperaba el valor del salario, en la medida en que la tarea de inspección sumaba a todos los sectores de control del Estado y empezaba a tener presencia, fue cambiando el escenario en el que desenvolvían las relaciones laborales. Los trabajadores fueron perdiendo el miedo, porque sabían que la estabilidad era una posibilidad cierta, que conseguir un nuevo puesto de trabajo era posible, podían tener expectativas de conseguir otro puesto y que la negociación colectiva intervenía en las condiciones laborales y salariales. Un buen ejemplo de esto es la lucha de los tercerizados. Estas negociaciones no son de ahora, sino que empezaron antes del conflicto. Nosotros ya veníamos trabajando con la regularización del empleo en las empresas telefónicas, en las de energía, en las empresas ferroviarias. En todo caso, ahora emergen porque hay conciencia de que las condiciones de trabajo tienen que ser equilibradas y responder a una lógica de igual trabajo–igual remuneración. Otro ejemplo es el trabajo esclavo, que se vuelve visible a partir de que los trabajadores se atreven a ir a la delegación del Ministerio de Trabajo a hacer una denuncia, y el funcionario del ministerio va a la Justicia. Esto es lo que está cambiando.
–Varios sectores observan cierta asimetría entre el crecimiento de la economía y la persistencia del trabajo precario…
–No es así la cuestión. Nosotros no creemos que hay que esperar al crecimiento económico para después ocuparnos del empleo. Y cuando esté el empleo, ocuparnos de otras cosas. Creemos que hay que avanzar en todos los temas. Este gobierno ha demostrado que es posible crecer económicamente y, al mismo tiempo, incluir. Es posible tener un patrón productivo basado en la industria, en el mercado interno, en el consumo y, a la vez, mejorar empleo y salarios. Lo que sí es cierto es que existen etapas que van generando algo dialéctico. Hay etapas que generan conflictos que dan lugar a la otra etapa, y así. Pero todo se hace porque hay una dirección política que defiende al trabajo, a la posibilidad de mejorar la distribución del ingreso y a pensar que el pleno empleo es posible en la Argentina. Este es un gobierno que está en la antípoda de las caracterizaciones que algunos sectores de la izquierda extraparlamentaria están planteando. Y no es solamente una polémica con ellos. Es ver lo que está pasando, lo que se fue transformando y también ser conscientes de todo lo que falta. No estamos diciendo que este es el mejor de los mundos. Ningún funcionario que tenga responsabilidades institucionales y políticas en nuestro país dice ni va a decir que la tarea está concluida. Yo llevo ocho años de ministro de Trabajo pero soy plenamente conciente de que nos falta mucho. Puedo disentir en la mirada ideológica que planteaba Mariano Ferreyra, pero los valores a los que apuntaba y el hecho concreto que estaba defendiendo tienen mi más absoluta coincidencia.
–En el caso de los tercerizados, ¿la especulación político–partidaria obstaculizó la resolución del conflicto?
–Lamento esas posiciones que, en realidad, responden más a un planteo del conflicto por el conflicto mismo, en lugar de señalar los avances. A mí no me molesta que frente a determinados obstáculos haya habido reclamos. Pero habría que analizar si la dirección en la que vamos conduce a la solución del conflicto en los términos en que la presidenta se comprometió. Un problema con un grupo de cincuenta personas sobre 1500 a las que estamos regularizando no puede generar un corte de vía por tiempo indeterminado. Me parece que hay una relación entre causa y efecto, entre daño y resultado que también tiene que tener una evaluación por quienes conducen políticamente estos conflictos.
–¿Cómo observa la reacción de la Mesa de Enlace ante la difusión de casos de explotación rural?
–Me preocupa la actitud que tomaron muchos sectores que tienen responsabilidad con este tema. Cuando la presidenta me instruyó para que concurriera a la reunión de la Mesa de Enlace con el ministro de Agricultura ellos sostuvieron que era un tema ajeno a ese debate. Pero si se habla de subsidios, de rentabilidades y de beneficios que ayudan a que a ese sector le vaya bien, también les debe ir bien a los trabajadores. Por eso le pedí a los responsables de ese agrupamiento patronal que expresaran su rechazo a este tipo de prácticas. Porque si no hay manifestaciones expresas de quienes tienen responsabilidades institucionales y dicen representar a todo el sector, la lectura es que les parece normal o natural esa situación. En aquella reunión hubo reacciones dispares a mi planteo. Eduardo Buzzi y la Federación Agraria lo respaldaron; no así los otros. Incluso algunos señalaban que eso era mentira, que para un estanciero los peones rurales son como de la familia. A mí no me importa que sean como de la familia sino que le respeten los derechos. Y en eso insiste siempre la presidenta: estamos hablando de derechos. El diario La Nación tuvo editoriales vergonzosos en su tribuna de doctrina pidiéndole al ministro de Trabajo que sea equilibrado. Le he señalado, con todo respeto, que el Ministerio de Trabajo y este gobierno no son equilibrados con esos temas. La presidenta fue muy clara respecto a cuál es la concepción política e ideológica que defendemos y es opuesta a quienes entienden que se pueden maximizar ganancias mediante estas prácticas. Ahí no hay coincidencia. No hay consenso posible con el trabajo esclavo. Y no habrá tregua.
–A propósito de consensos, ¿fracasó el lanzamiento del Consejo Económico y Social?
–El proceso de construcción del diálogo social y, más aún, su institucionalización no tiene fecha de vencimiento. Es una construcción colectiva que se viene dando. Pero cuando uno ve, por ejemplo, la renuncia de Héctor Méndez en la UIA, se pregunta si están dadas las condiciones en términos de representación. Hoy funciona una suerte de pacto social implícito que es lo que, en definitiva, sostiene el más largo período de funcionamiento de la negociación colectiva que recuerde la Argentina democrática.
–Ya que mencionó a la UIA, ¿el Gobierno interviene en el recambio de cúpula, como denuncian algunos industriales?
–No creo ni me consta la intervención del Gobierno. Tiene que ver más por cruces de intereses propios que por injerencia de terceros. Es muy lindo eso de echarle responsabilidades a este Gobierno, cuando tanto la UIA como las organizaciones sindicales han puesto y han cambiado sus autoridades como han querido. Entonces, zapatero a sus zapatos. Cada uno que se haga cargo de cómo logra coordinar los intereses dispersos en una representación al máximo nivel. Espero que la UIA lo resuelva pronto, porque nosotros necesitamos y fortalecemos la necesidad de contar con esos niveles de representación.
–¿Cómo intenta revertir ese proceso?
–Es una tarea ardua, porque nos encontramos con que estas cosas estaban muy instaladas, muy naturalizadas. Nuestros inspectores tenían problemas muy serios para sacar fotos, intervenir, inspeccionar, nos han dado vuelta camionetas… Lo primero que hicimos fue recrear la cultura del trabajo. Esto es clave, porque veníamos de muchos años de desocupación alta que instaló en los trabajadores y las trabajadoras una suerte de disciplinamiento por vía del terror, del miedo a perder un empleo y pánico a no conseguirlo. Pero Kirchner planteó otro paradigma. Colocó al trabajo en el centro de las políticas públicas como eje del proceso de crecimiento, y no como una variable que iba a mejorar si las cosas mejoraban en general. Ya no más aceptar un trabajo degradado antes que ningún trabajo, sino fortalecer el trabajo decente, como dice la OIT, trabajo digno, con protección social. Y en esa dirección fuimos.
–¿La creación de empleo empujó la toma de conciencia?
–Exacto. En la medida que se generaba empleo, y estoy hablando de cinco millones de puestos de trabajo, en la medida que funcionaban las paritarias y se recuperaba el valor del salario, en la medida en que la tarea de inspección sumaba a todos los sectores de control del Estado y empezaba a tener presencia, fue cambiando el escenario en el que desenvolvían las relaciones laborales. Los trabajadores fueron perdiendo el miedo, porque sabían que la estabilidad era una posibilidad cierta, que conseguir un nuevo puesto de trabajo era posible, podían tener expectativas de conseguir otro puesto y que la negociación colectiva intervenía en las condiciones laborales y salariales. Un buen ejemplo de esto es la lucha de los tercerizados. Estas negociaciones no son de ahora, sino que empezaron antes del conflicto. Nosotros ya veníamos trabajando con la regularización del empleo en las empresas telefónicas, en las de energía, en las empresas ferroviarias. En todo caso, ahora emergen porque hay conciencia de que las condiciones de trabajo tienen que ser equilibradas y responder a una lógica de igual trabajo–igual remuneración. Otro ejemplo es el trabajo esclavo, que se vuelve visible a partir de que los trabajadores se atreven a ir a la delegación del Ministerio de Trabajo a hacer una denuncia, y el funcionario del ministerio va a la Justicia. Esto es lo que está cambiando.
–Varios sectores observan cierta asimetría entre el crecimiento de la economía y la persistencia del trabajo precario…
–No es así la cuestión. Nosotros no creemos que hay que esperar al crecimiento económico para después ocuparnos del empleo. Y cuando esté el empleo, ocuparnos de otras cosas. Creemos que hay que avanzar en todos los temas. Este gobierno ha demostrado que es posible crecer económicamente y, al mismo tiempo, incluir. Es posible tener un patrón productivo basado en la industria, en el mercado interno, en el consumo y, a la vez, mejorar empleo y salarios. Lo que sí es cierto es que existen etapas que van generando algo dialéctico. Hay etapas que generan conflictos que dan lugar a la otra etapa, y así. Pero todo se hace porque hay una dirección política que defiende al trabajo, a la posibilidad de mejorar la distribución del ingreso y a pensar que el pleno empleo es posible en la Argentina. Este es un gobierno que está en la antípoda de las caracterizaciones que algunos sectores de la izquierda extraparlamentaria están planteando. Y no es solamente una polémica con ellos. Es ver lo que está pasando, lo que se fue transformando y también ser conscientes de todo lo que falta. No estamos diciendo que este es el mejor de los mundos. Ningún funcionario que tenga responsabilidades institucionales y políticas en nuestro país dice ni va a decir que la tarea está concluida. Yo llevo ocho años de ministro de Trabajo pero soy plenamente conciente de que nos falta mucho. Puedo disentir en la mirada ideológica que planteaba Mariano Ferreyra, pero los valores a los que apuntaba y el hecho concreto que estaba defendiendo tienen mi más absoluta coincidencia.
–En el caso de los tercerizados, ¿la especulación político–partidaria obstaculizó la resolución del conflicto?
–Lamento esas posiciones que, en realidad, responden más a un planteo del conflicto por el conflicto mismo, en lugar de señalar los avances. A mí no me molesta que frente a determinados obstáculos haya habido reclamos. Pero habría que analizar si la dirección en la que vamos conduce a la solución del conflicto en los términos en que la presidenta se comprometió. Un problema con un grupo de cincuenta personas sobre 1500 a las que estamos regularizando no puede generar un corte de vía por tiempo indeterminado. Me parece que hay una relación entre causa y efecto, entre daño y resultado que también tiene que tener una evaluación por quienes conducen políticamente estos conflictos.
–¿Cómo observa la reacción de la Mesa de Enlace ante la difusión de casos de explotación rural?
–Me preocupa la actitud que tomaron muchos sectores que tienen responsabilidad con este tema. Cuando la presidenta me instruyó para que concurriera a la reunión de la Mesa de Enlace con el ministro de Agricultura ellos sostuvieron que era un tema ajeno a ese debate. Pero si se habla de subsidios, de rentabilidades y de beneficios que ayudan a que a ese sector le vaya bien, también les debe ir bien a los trabajadores. Por eso le pedí a los responsables de ese agrupamiento patronal que expresaran su rechazo a este tipo de prácticas. Porque si no hay manifestaciones expresas de quienes tienen responsabilidades institucionales y dicen representar a todo el sector, la lectura es que les parece normal o natural esa situación. En aquella reunión hubo reacciones dispares a mi planteo. Eduardo Buzzi y la Federación Agraria lo respaldaron; no así los otros. Incluso algunos señalaban que eso era mentira, que para un estanciero los peones rurales son como de la familia. A mí no me importa que sean como de la familia sino que le respeten los derechos. Y en eso insiste siempre la presidenta: estamos hablando de derechos. El diario La Nación tuvo editoriales vergonzosos en su tribuna de doctrina pidiéndole al ministro de Trabajo que sea equilibrado. Le he señalado, con todo respeto, que el Ministerio de Trabajo y este gobierno no son equilibrados con esos temas. La presidenta fue muy clara respecto a cuál es la concepción política e ideológica que defendemos y es opuesta a quienes entienden que se pueden maximizar ganancias mediante estas prácticas. Ahí no hay coincidencia. No hay consenso posible con el trabajo esclavo. Y no habrá tregua.
–A propósito de consensos, ¿fracasó el lanzamiento del Consejo Económico y Social?
–El proceso de construcción del diálogo social y, más aún, su institucionalización no tiene fecha de vencimiento. Es una construcción colectiva que se viene dando. Pero cuando uno ve, por ejemplo, la renuncia de Héctor Méndez en la UIA, se pregunta si están dadas las condiciones en términos de representación. Hoy funciona una suerte de pacto social implícito que es lo que, en definitiva, sostiene el más largo período de funcionamiento de la negociación colectiva que recuerde la Argentina democrática.
–Ya que mencionó a la UIA, ¿el Gobierno interviene en el recambio de cúpula, como denuncian algunos industriales?
–No creo ni me consta la intervención del Gobierno. Tiene que ver más por cruces de intereses propios que por injerencia de terceros. Es muy lindo eso de echarle responsabilidades a este Gobierno, cuando tanto la UIA como las organizaciones sindicales han puesto y han cambiado sus autoridades como han querido. Entonces, zapatero a sus zapatos. Cada uno que se haga cargo de cómo logra coordinar los intereses dispersos en una representación al máximo nivel. Espero que la UIA lo resuelva pronto, porque nosotros necesitamos y fortalecemos la necesidad de contar con esos niveles de representación.
*Entrevista publicada por la Revista 23
