Mostrando entradas con la etiqueta Carlos Tomada. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Carlos Tomada. Mostrar todas las entradas

POR UNA BUENOS AIRES PARA TODAS Y TODOS

1. Se construirá una Ciudad de Buenos Aires que brinde una alta calidad de vida a todos/as los que la habitan y que respete y amplíe la base de derechos de sus ciudadanos.

2. Se recuperará un papel activo del Estado en dirección a atender el bien común. Un Estado eficiente y preocupado por la seguridad, la salud, la educación, el medio ambiente y todas las condiciones que necesitamos para alcanzar una vida de calidad y digna para todos. Se trabajará con la Universidad de Buenos Aires en la planificación estratégica de nuestra Ciudad, potenciando la capacidad de sus investigadores, docentes y alumnos.

3. Se trabajará para que la Ciudad planifique su crecimiento urbano con la participación de todos quienes vivimos en ella, en la que el uso de suelo y las grandes construcciones se decidan en función del bienestar de su gente y no del mercado inmobiliario. Una Ciudad descentralizada donde la solución de los problemas desde las comunas permita encontrar alternativas adecuadas a cada situación. Una Ciudad integrada, donde se superen las profundas desigualdades que hoy existen entre el norte y el sur, y la justicia social sea la regla. Una Ciudad sin villas miserias, porque creemos que su existencia atenta contra la dignidad de todos quienes vivimos en Buenos Aires y que la urbanización total de las villas en un plazo de 8 años es posible.

4. Se priorizarán las políticas educativas para que se alcance una Buenos Aires que eleve e iguale las oportunidades y la calidad educativa para todos, desde la más temprana hasta la tercera edad. Que cuide y capacite a sus docentes y que vuelva a sentir orgullo de su escuela pública y resuelva definitivamente los problemas edilicios que la postergan. Se construirá una sede la UBA en la zona sur para permitir el acceso a la educación universitaria a los jóvenes del sur.

5. Se trabajará por una Ciudad saludable.Se aplicarán políticas de salud para todos los habitantes de la Ciudad, trabajando principalmente en la prevención, jerarquizando y ampliando el horario de trabajo de sus hospitales y centros de salud. Se brindará una atención de salud personalizada a todos quienes las necesiten. Se priorizarán y promocionará la práctica del deporte como camino a una vida más saludable. Las políticas de discapacidad serán abordadas de forma transversal al conjunto de las políticas públicas del Estado, no como una política que atienda sólo los problemas de pobreza, sino como una serie de medidas sistemáticas orientadas a la defensa de los derechos y a la creación de oportunidades.

6. Se brindará la posibilidad de expresión artística y cultural a todos quienes trabajan en el ámbito de la cultura. A la vez que se otorgará alternativas de protagonismo artístico y cultural que permitan desarrollar estrategias desde cada rincón de la Ciudad a partir de la creación de centros culturales en cada barrio.

7. Se implementará un plan de desarrollo económico que brinde posibilidades de trabajo de calidad a todos los que viven en ella. Porque consideramos que es imprescindible tener una estrategia de crecimiento sustentable basado en el conocimiento, con programas específicos para integrar a los jóvenes al primer empleo. Se recuperará al Banco Ciudad como herramienta del desarrollo y la promoción, destinando principalmente su accionar a subsidiar el crédito a las PYMES y al acceso a la primera vivienda.

8. Se instrumentarán políticas públicas por una Ciudad limpia y preocupada por el medio ambiente. Donde la asunción de responsabilidades por parte del Estado se convierta en la condición de impulsar la responsabilidad y el protagonismo de todos los ciudadanos para sumar esfuerzos para gozar de una ciudad cuidada y sustentable para nosotros y las futuras generaciones. Una Ciudad con un tránsito racionalmente ordenado, donde se priorice el transporte público, se descarten soluciones ineficientes y facilistas y se cumpla con las obras de subtes, soterramiento de ferrocarriles y estacionamientos comprometidas.

9. Se abordarán los múltiples factores de la problemática de la inseguridad. Pensar la seguridad como una cuestión exclusivamente policial constituye un reduccionismo que descuida los aspectos económicos, sociales y educativos que la hacen posible. La seguridad pública ocupará un lugar prioritario en las políticas públicas de nuestro gobierno, permitiendo que los vecino/as recuperemos la posibilidad de vivir con plenitud el barrio, la vereda y todo el espacio público. Una ciudad donde la presencia de una policía confiable, altamente calificada y tecnificada trabaje junto con los vecino/as en cada comuna y barrio para combatir sin concesiones el delito.

10. Se planificarán todas las políticas públicas considerando a nuestra Ciudad como parte de una región metropolitana. Es indispensable trabajar en forma conjunta con la Provincia de Buenos Aires en la resolución de los graves problemas que nos aquejan. Es fundamental sumar esfuerzos para atender la complejidad de un hábitat donde conviven más de 12 millones de personas. Todo ello sólo será posible con el establecimiento de grandes acuerdos políticas que cimienten las políticas de Estado que nuestra ciudadanía espera.

MACRI VIOLA LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD

En la Ciudad la democracia está en su peor momento

Por Carlos Tomada *

Hace poco tiempo, el jefe de Gobierno porteño expresó conceptos desafortunados sobre la democracia en nuestro país. Como una paradoja, unos días después nos ilustró sobre los modos con los cuales se puede despreciar la Constitución de la Ciudad. Lo hizo con el alto argumento de la protección de la libertad de expresión.

Con el decreto 2/11, Macri crea figuras contravencionales. Violenta las reglas, la Constitución Nacional y la de la Ciudad, así como los tratados de derechos humanos. De esta manera pretende perseguir las luchas sindicales de los trabajadores de los medios. Utiliza la excusa de prevenir hechos inminentes, como las acciones sindicales por todos conocidas.

En realidad, esto es lo menos complejo. Lo que trasunta la medida es un espíritu de sobrepasar y pisar las facultades del Poder Legislativo de la Ciudad. Y, de un modo menos evidente, intenta transformar a los medios de comunicación en los únicos titulares del derecho a la libertad de expresión. Esto es lo que junto a legisladores y representantes de la mayoría de las fuerzas políticas porteñas denunciamos en la Legislatura el miércoles pasado.

La división de poderes violada

El artículo 81.2 de la Constitución de la Ciudad reclama mayoría especial para la sanción del código contravencional y de faltas. Su artículo 103 define que los decretos de necesidad y urgencia son excepcionales. Estos no se aplican a cuestiones de procedimiento penal, materia tributaria o electoral. Lo grave es que no sólo la Legislatura está funcionando, sino que la creación de figuras contravencionales es una facultad que no puede ser ejercida por el jefe de Gobierno.

La separación de poderes y el sistema republicano de gobierno no pueden ser puestos en jaque. No es una materia disponible por las provincias ni por la ciudad de Buenos Aires. Así lo dice la Constitución Nacional en el artículo 5. Esto se corresponde no sólo a cuestiones de política interna, sino al respeto irrestricto de principios de derechos humanos. Como si esto no fuera suficiente, la opinión consultiva 6/86 de la Corte Interamericana requiere que las normas represivas estén dictadas por los cuerpos legislativos pertinentes. Además, exige que sigan las reglas de procedimientos constitucionales aplicables como condición de su validez. Nada de esto parece tener importancia para quien debería dar ejemplo de apego a la institucionalidad.

Claramente, la decisión adoptada por el jefe de Gobierno implica una violación a la Constitución. Y la ignorancia total y completa de sus normas. Normas que permanentemente dice que hay que cumplir. Con este tipo de propuestas express –que parecen nacidas del oportunismo y a la medida de intereses económicos concentrados– involucra a la Ciudad en un conflicto en el que no tiene ninguna competencia.

Reclamar no es atentar

El decreto ignora estándares de derechos humanos que ratifican que la libertad de expresión es un derecho de carácter universal. Asume que los únicos que pueden ejercerla son las empresas y que la defensa de los derechos de los trabajadores son una mera herramienta de entorpecimiento de su funcionamiento. Porque es natural y obvio que un paro de trabajadores de los medios de comunicación afecta la circulación de las informaciones. Ello va de suyo. Es una cuestión retórica. Lo que se debe discutir es si esa afectación es arbitraria o surge del ejercicio legítimo de un derecho.

A lo largo de la historia de los medios de comunicación, sus trabajadores han realizado protestas. Han retirado sus firmas y ejercido la cláusula de conciencia. Han hecho paros. Huelgas. Bloqueos. No es cuestión de avalarlos necesariamente, pero sí de dejar en claro que no se trata de ataques a la prensa. Hechos ocurridos en Italia, España, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Francia así lo demuestran. Las entidades oficiales o de derechos humanos o de libertad de expresión en estos países no registran estas medidas como embates a los medios de comunicación.

No quiero dejar de insistir en el atropello a la institucionalidad. Es lo más serio. Lo más grave. La cuidadosa selección de antecedentes para justificar este decreto de necedad –y no de necesidad– deja ver que a Macri no le interesa la libertad de expresión. Tampoco los derechos humanos. Lo que sí parece preocuparle es dejar en claro que el Estado “es él”. Menos mal que no es cierto. Porque si no se harían realidad sus desubicados dichos acerca de “que la democracia está en su peor momento”. Al menos en la ciudad de Buenos Aires.

* Ministro de Trabajo – Precandidato a Jefe de Gobierno


http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-166694-2011-04-21.html

MÁS APOYOS PARA TOMADA JEFE DE GOBIERNO

“Todas las transformaciones importantes en nuestro país se hicieron con frentes nacionales, populares y democráticos. Eso es lo que estamos planteando en esta reunión para la Ciudad de Buenos Aires”, señaló Carlos Tomada.

En ese sentido, el precandidato a Jefe de Gobierno sostuvo que “como dijo la Presidenta, ha llegado el momento de construir sin preguntar de dónde se viene, sino fijándose si están de acuerdo con las políticas que se vienen desarrollando a nivel nacional, como la Asignación Universal por Hijo, la Ley de Medios, la generación de empleo y los avances en materia de Derechos Humanos”.

Los oradores del acto desarrollado en la Biblioteca Nacional, además de Tomada, fueron Hugo Cormick, del Frente Grande; Julio Guarido, del Partido Intransigente; Matías Barroetaveña, de Nueva Dirigencia; David Blaustein, de Carta Abierta; y Fernando Melillo, de la Corriente Abierta de Participación.

TOMADA ESTUVO PRESENTE EN PLENARIO DEL KIRCHNERISMO PORTEÑO

“La Ciudad está peor que nunca”

“Hoy estamos peor que nunca. ¿Saben porqué? Porque mientras todas las políticas del gobierno nacional mejoraron la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad, todas las que eran responsabilidad del gobierno de Macri solo sirvieron para retroceder.”, afirmó el candidato a Jefe de Gobierno, Carlos Tomada.

Tomada estuvo presente en el 1º Plenario del KIRCHNERISMO PORTEÑO que se desarrolló en la tarde de ayer en la sede central de “TOMADA EN LA CIUDAD” y participó del cierre de una jornada en la que más de 20 organizaciones políticas que apoyan su candidatura debatieron y se comprometieron a conformar una organización política que replique el kirchnerismo en la Ciudad desde las Comunas hacia la Nación.

Tomada, también analizó el futuro político de la Nación y afirmó que “el kirchnerismo llegó para quedarse. Implica una lectura política que incluye al peronismo, no se agota en él, pero que se plantea como protagonista de los próximos años de la historia argentina”.

Tomada hizo referencia a la “construcción popular” que aspira a imponer cómo modelo de gestión para la ciudad y subrayó que “es a partir de la organización popular, como se le dará la profundidad a este proyecto nacional y popular”.

Macri pretende castigar a los trabajadores de medios de comunicación

TOMADA Y LEGISLADORES PORTEÑOS CRITICARON UN DECRETO DE MACRI

Una medida ilegal y antisindical

El decreto del jefe de Gobierno que tipificó como delitos las protestas gremiales que afecten a los diarios fue considerado “inconstitucional” por el ministro de Trabajo y legisladores opositores. Mañana presentarán un recurso ante la Justicia para dejarlo sin efecto.

Por Laura Vales

El decreto de Mauricio Macri que tipificó como delitos contravencionales las medidas gremiales que afecten la producción o distribución de los diarios es inconstitucional. Así coincidieron en advertirlo el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y los legisladores de la oposición porteña, que presentarán un recurso ante la Justicia para dejarlo sin efecto. El argumento principal que plantearán en los tribunales es que el jefe de Gobierno porteño no puede, por sí mismo y porque se le ocurra, inventar infracciones.

El decreto fue firmado por Macri a raíz de las protestas sindicales que afectaron la salida de Clarín y la distribución de La Nación y ante la posibilidad de que vuelvan a repetirse. El decreto estableció que bloquear la salida de un diario es una contravención, así como también tomar cualquier tipo de medida que “perturbe” la producción de un medio gráfico, fijándoles penas de hasta 50 mil pesos o hasta diez días de prisión.

Para Tomada, el jefe de Gobierno porteño “se arrogó la suma del poder público” con el dictado del decreto. El ministro de Trabajo se reunió con legisladores de la oposición macrista y representantes sindicales para tratar el tema y dio después una conferencia de prensa en la Legislatura. Allí remarcó que considera la medida como “antisindical, porque cercena los derechos de los trabajadores y crea una amenaza contra esos derechos”. “Pretende castigar a los trabajadores de medios de comunicación”, fue su definición.

Consultado por Página/12, Damián Loreti, abogado de organizaciones sindicales de trabajadores de medios e integrante del CELS, explicó que el jefe de Gobierno porteño “no tiene facultades ni siquiera por excepción para crear figuras de infracción en el Código Contravencional y establecer penas por decreto. Esto viola la Constitución de la Ciudad, viola la Constitución Nacional y también la Convención Americana de Derechos Humanos que dijo, en el ’86, como una opinión consultiva, que las medidas restrictivas de los derechos humanos requieren ser sancionadas por ley, en el sentido de que deben ser leyes aprobadas por Parlamentos o Congresos que reconozcan la pluralidad de la representación política de la sociedad”.

Quienes se ocuparán de presentar el recurso ante la Justicia serán los legisladores porteños. El sabbatellista Gonzalo Ruanova confirmó que irán a los tribunales el viernes, con un escrito que están coordinando con Francisco “Tito” Nenna, Gabriela Alegre (kirchneristas), Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires) y Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro), entre otros. Los diputados tienen dos caminos posibles: ir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y pedir la inconstitucionalidad o presentar un pedido de amparo. Anoche se inclinaban por esto último.

Ruanova aseguró que el decreto debe ser refrendado por la Legislatura en un plazo máximo de 30 días, “pero mientras tanto está en vigencia. Esto quiere decir que si hoy un grupo de trabajadores va y hace una manifestación que afecte la distribución de un diario, Macri puede ir con la Policía Metropolitana y aplicarles estas nuevas figuras penales que creó para abrirles una causa”.

Gabriela Alegre sostuvo que los legisladores están “legitimados” a pedir la intervención de la Justicia “porque Macri está pasando por encima de nuestras funciones. La Constitución Nacional y la porteña prohíben la firma de decretos de necesidad y urgencia con contenido procesal penal”.

La presentación de los diputados porteños será respaldada por organismos de derechos humanos y los sindicatos de medios. Para ser más efectivos, una posibilidad que evalúan es la de intervenir judicialmente como amicus curiae, escrito en el que se ofrecen argumentos en favor de una postura.


*http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-166235-2011-04-14.html

**Ver además http://tiempo.elargentino.com/notas/decreto-de-macri-es-inconstitucional-y-antisindical

Más información en http://buenosairesfuria.blogspot.com/2011/04/macri-por-decreto-y-pedido-de-magnetto.html

INAUGURACIÓN SEDE CENTRAL CAMPAÑA TOMADA EN LA CIUDAD

EL KIRCHNERISMO EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

El sábado 19 a las 17 hs. inauguramos la Sede Central de la Campaña TOMADA EN LA CIUDAD y ponemos en marcha el “2.0”. Un paso más para hacernos cargo de los desafíos de Buenos Aires. Esperamos a todas las compañeras y compañeros en Belgrano 535.


Un abrazo.

Carlos Tomada


Ciudad de Buenos Aires, Marzo de 2011

“No hay consenso posible con el trabajo esclavo”

El titular de la cartera laboral afirma que el Gobierno mantendrá como prioridad la lucha contra el empleo precario. La reacción de las patronales, el recambio en la UIA y su candidatura en la Ciudad.

Por Luz Laici

En las últimas semanas, su ministerio absorbió buena parte de la atención pública. El destape de los escandalosos casos de explotación laboral en el campo, la resolución de la pulseada por la contratación de los tercerizados del ferrocarril Roca y la inminencia de las paritarias aportaron vértigo a la habitual procesión de conflictos que a diario circulan por el ministerio. Pero Carlos Tomada no es de los que incorporan la hiperkinesis y la retransmiten con estridencia. Más bien la metaboliza, formando una cadencia pausada al hablar que potencia sus cualidades de negociador. Al fin y al cabo, de eso trabaja un ministro de Trabajo: administra antagonismos, teje acuerdos. Pero eso no quita, claro, que existan límites precisos para los consensos. Y el trabajo esclavo, dice, es uno de ellos.

–En los últimos días se conocieron denuncias sobre trabajo rural en condiciones de explotación ¿Cómo evalúa esos casos?

–Ya por septiembre de 2003, con Néstor Kirchner, lanzamos el programa de trabajo registrado. De entrada pensamos que era un tema que había sido ignorado, cuando no fomentado, por las políticas públicas de los noventa e incluso desde antes. Si uno repasa la propuesta ideológica de quienes lo ponderan, el trabajo no registrado tiene las virtudes que esa ideología sostiene. Es un trabajo sin regulaciones, sin negociación colectiva, sin indemnizaciones, sin sindicatos y barato, porque no tiene cargas sociales. Eso contribuyó a que creciera año tras año. Recién empieza a descender a partir del 2004 al calor de un patrón productivo que genera creación de puestos de trabajo pero también, y principalmente, trabajo más formal. Esto no quiere decir que desaparece el trabajo no registrado. Veníamos, como dicen los economistas, con un stock muy alto de ciudadanos y ciudadanas que no tenían acceso a los derechos que les correspondían.

–¿Cómo intenta revertir ese proceso?

–Es una tarea ardua, porque nos encontramos con que estas cosas estaban muy instaladas, muy naturalizadas. Nuestros inspectores tenían problemas muy serios para sacar fotos, intervenir, inspeccionar, nos han dado vuelta camionetas… Lo primero que hicimos fue recrear la cultura del trabajo. Esto es clave, porque veníamos de muchos años de desocupación alta que instaló en los trabajadores y las trabajadoras una suerte de disciplinamiento por vía del terror, del miedo a perder un empleo y pánico a no conseguirlo. Pero Kirchner planteó otro paradigma. Colocó al trabajo en el centro de las políticas públicas como eje del proceso de crecimiento, y no como una variable que iba a mejorar si las cosas mejoraban en general. Ya no más aceptar un trabajo degradado antes que ningún trabajo, sino fortalecer el trabajo decente, como dice la OIT, trabajo digno, con protección social. Y en esa dirección fuimos.

–¿La creación de empleo empujó la toma de conciencia?

–Exacto. En la medida que se generaba empleo, y estoy hablando de cinco millones de puestos de trabajo, en la medida que funcionaban las paritarias y se recuperaba el valor del salario, en la medida en que la tarea de inspección sumaba a todos los sectores de control del Estado y empezaba a tener presencia, fue cambiando el escenario en el que desenvolvían las relaciones laborales. Los trabajadores fueron perdiendo el miedo, porque sabían que la estabilidad era una posibilidad cierta, que conseguir un nuevo puesto de trabajo era posible, podían tener expectativas de conseguir otro puesto y que la negociación colectiva intervenía en las condiciones laborales y salariales. Un buen ejemplo de esto es la lucha de los tercerizados. Estas negociaciones no son de ahora, sino que empezaron antes del conflicto. Nosotros ya veníamos trabajando con la regularización del empleo en las empresas telefónicas, en las de energía, en las empresas ferroviarias. En todo caso, ahora emergen porque hay conciencia de que las condiciones de trabajo tienen que ser equilibradas y responder a una lógica de igual trabajo–igual remuneración. Otro ejemplo es el trabajo esclavo, que se vuelve visible a partir de que los trabajadores se atreven a ir a la delegación del Ministerio de Trabajo a hacer una denuncia, y el funcionario del ministerio va a la Justicia. Esto es lo que está cambiando.

–Varios sectores observan cierta asimetría entre el crecimiento de la economía y la persistencia del trabajo precario…

–No es así la cuestión. Nosotros no creemos que hay que esperar al crecimiento económico para después ocuparnos del empleo. Y cuando esté el empleo, ocuparnos de otras cosas. Creemos que hay que avanzar en todos los temas. Este gobierno ha demostrado que es posible crecer económicamente y, al mismo tiempo, incluir. Es posible tener un patrón productivo basado en la industria, en el mercado interno, en el consumo y, a la vez, mejorar empleo y salarios. Lo que sí es cierto es que existen etapas que van generando algo dialéctico. Hay etapas que generan conflictos que dan lugar a la otra etapa, y así. Pero todo se hace porque hay una dirección política que defiende al trabajo, a la posibilidad de mejorar la distribución del ingreso y a pensar que el pleno empleo es posible en la Argentina. Este es un gobierno que está en la antípoda de las caracterizaciones que algunos sectores de la izquierda extraparlamentaria están planteando. Y no es solamente una polémica con ellos. Es ver lo que está pasando, lo que se fue transformando y también ser conscientes de todo lo que falta. No estamos diciendo que este es el mejor de los mundos. Ningún funcionario que tenga responsabilidades institucionales y políticas en nuestro país dice ni va a decir que la tarea está concluida. Yo llevo ocho años de ministro de Trabajo pero soy plenamente conciente de que nos falta mucho. Puedo disentir en la mirada ideológica que planteaba Mariano Ferreyra, pero los valores a los que apuntaba y el hecho concreto que estaba defendiendo tienen mi más absoluta coincidencia.

–En el caso de los tercerizados, ¿la especulación político–partidaria obstaculizó la resolución del conflicto?

–Lamento esas posiciones que, en realidad, responden más a un planteo del conflicto por el conflicto mismo, en lugar de señalar los avances. A mí no me molesta que frente a determinados obstáculos haya habido reclamos. Pero habría que analizar si la dirección en la que vamos conduce a la solución del conflicto en los términos en que la presidenta se comprometió. Un problema con un grupo de cincuenta personas sobre 1500 a las que estamos regularizando no puede generar un corte de vía por tiempo indeterminado. Me parece que hay una relación entre causa y efecto, entre daño y resultado que también tiene que tener una evaluación por quienes conducen políticamente estos conflictos.

–¿Cómo observa la reacción de la Mesa de Enlace ante la difusión de casos de explotación rural?

–Me preocupa la actitud que tomaron muchos sectores que tienen responsabilidad con este tema. Cuando la presidenta me instruyó para que concurriera a la reunión de la Mesa de Enlace con el ministro de Agricultura ellos sostuvieron que era un tema ajeno a ese debate. Pero si se habla de subsidios, de rentabilidades y de beneficios que ayudan a que a ese sector le vaya bien, también les debe ir bien a los trabajadores. Por eso le pedí a los responsables de ese agrupamiento patronal que expresaran su rechazo a este tipo de prácticas. Porque si no hay manifestaciones expresas de quienes tienen responsabilidades institucionales y dicen representar a todo el sector, la lectura es que les parece normal o natural esa situación. En aquella reunión hubo reacciones dispares a mi planteo. Eduardo Buzzi y la Federación Agraria lo respaldaron; no así los otros. Incluso algunos señalaban que eso era mentira, que para un estanciero los peones rurales son como de la familia. A mí no me importa que sean como de la familia sino que le respeten los derechos. Y en eso insiste siempre la presidenta: estamos hablando de derechos. El diario La Nación tuvo editoriales vergonzosos en su tribuna de doctrina pidiéndole al ministro de Trabajo que sea equilibrado. Le he señalado, con todo respeto, que el Ministerio de Trabajo y este gobierno no son equilibrados con esos temas. La presidenta fue muy clara respecto a cuál es la concepción política e ideológica que defendemos y es opuesta a quienes entienden que se pueden maximizar ganancias mediante estas prácticas. Ahí no hay coincidencia. No hay consenso posible con el trabajo esclavo. Y no habrá tregua.

–A propósito de consensos, ¿fracasó el lanzamiento del Consejo Económico y Social?

–El proceso de construcción del diálogo social y, más aún, su institucionalización no tiene fecha de vencimiento. Es una construcción colectiva que se viene dando. Pero cuando uno ve, por ejemplo, la renuncia de Héctor Méndez en la UIA, se pregunta si están dadas las condiciones en términos de representación. Hoy funciona una suerte de pacto social implícito que es lo que, en definitiva, sostiene el más largo período de funcionamiento de la negociación colectiva que recuerde la Argentina democrática.

–Ya que mencionó a la UIA, ¿el Gobierno interviene en el recambio de cúpula, como denuncian algunos industriales?

–No creo ni me consta la intervención del Gobierno. Tiene que ver más por cruces de intereses propios que por injerencia de terceros. Es muy lindo eso de echarle responsabilidades a este Gobierno, cuando tanto la UIA como las organizaciones sindicales han puesto y han cambiado sus autoridades como han querido. Entonces, zapatero a sus zapatos. Cada uno que se haga cargo de cómo logra coordinar los intereses dispersos en una representación al máximo nivel. Espero que la UIA lo resuelva pronto, porque nosotros necesitamos y fortalecemos la necesidad de contar con esos niveles de representación.

*Entrevista publicada por la Revista 23

TODOS LOS BARRIOS MITRE por Carlos Tomada*

Recorriendo la ciudad de Buenos Aires hemos escuchado muchas historias de vida. Reclamos. Necesidades que son consecuencia de años de políticas de ajuste que todavía sobreviven. Una de las historias que mejor reflejan cómo se traducen esas políticas en situaciones concretas es la del Barrio Presidente Mitre, ubicado en Saavedra. Fue fundado en 1958 como solución de emergencia para ubicar a las víctimas de un incendio en una villa cercana. La idea original era, mientras se reubicaba a los damnificados, avanzar en una construcción sobre la calle Melián. El objetivo de trasladarlos finalmente a viviendas en condiciones dignas nunca se cumplió. Durante la década del ’90, Carlos Menem vendió el territorio destinado a la construcción de las viviendas prometidas. Sobre él se asienta hoy un hipermercado que, lindante con el Barrio Mitre, evidencia las profundas desigualdades que subsisten en nuestra ciudad y las prioridades de gestión que tienen determinados sectores. Siguiendo con viejas costumbres, el Estado “emparchó” y el barrio de emergencia se asentó como hábitat permanente en un complejo habitacional administrado por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). Como demuestra este caso, la emergencia habitacional que sufren los porteños es fruto de decisiones políticas específicas. Que se traducen en décadas de abandono. Un abandono que no ha tenido fin. No se trata entonces de una “inmigración descontrolada”. Ni de ninguna otra justificación xenófoba a las que nos quiere acostumbrar el jefe de Gobierno de la Ciudad. Todo lo contrario. Así lo demuestra el veto del gobierno de Macri a la ley votada por unanimidad en la Legislatura que establecía una prórroga a la emergencia habitacional. Legitima, así, su de-sinterés por la situación del Barrio Mitre y de tantos otros asentamientos precarios y villas de la ciudad. Si tomamos en cuenta que el veto es del 13 de enero de 2011, es decir, luego de las crisis del Parque Indoamericano y el club Albariño, la situación es aún más grave. Por si esto fuera poco, hasta el tercer trimestre de 2010 el IVC ejecutó apenas el 18,9 por ciento de su presupuesto. Esta historia no es única. Desgraciadamente. El Barrio Mitre es un claro ejemplo del desprecio por lo público del que nadie se ha hecho cargo. Y es una muestra del compromiso que debemos asumir quienes peleamos día a día por una sociedad más justa e igualitaria. Años de abandono convirtieron un proyecto originalmente alentador en una situación de precariedad para este barrio. A merced de las reglas del mercado inmobiliario quedó desamparado. Sus habitantes resisten con lo único que no les pudieron quitar: la dignidad.

*Precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ministro de Trabajo de la Nación

EN LA CIUDAD TOMADA SE HACE CARGO

Con el acompañamiento de organizaciones sociales, intelectuales y flanqueado por la Ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, y la Presidenta del Banco Central de la República Argentina, Mercedes Marcó del Pont, CARLOS TOMADA lanzó su candidatura a JEFE DE GOBIERNO de la Ciudad afirmando que "Estamos replicando el kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires".
En su discurso, Tomada señaló que militar en política "es hacerse cargo de los problemas de los demás, de luchar para que eso cambie y estar codo a codo con los ciudadanos". "Esta militancia la tenemos que poner al servicio de un Gobierno en la ciudad", destacó Tomada, y advirtió que ésta "no es una elección cualquiera, no hemos venido a ver quién es gobierno, sino que hemos venido a ver quién tiene el poder".
"Nosotros pensamos que la Argentina tiene que estar buena para todos y ellos (por el macrismo) dicen que la ciudad va a estar buena, para unos pocos". "Este es el tiempo de construir igualdad", dijo citando a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto, Carlos Tomada subrayó que tanto él como su espacio político desean "una ciudad más igual, más segura y más productiva".
En el lanzamiento de su candidatura a Jefe de Gobierno, Tomada estuvo acompañado por el Secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; los diputados nacionales Carlos Kunkel y Diana Conti; y el Presidente de la agencia Télam, Martín García. También estuvieron presentes Fernando Melillo, Ricardo Forster, Luis D`Elía, Fortunato Malimacci, Olga Hammar, Abraham Gak, Matías Barroetaveña y Ernesto Jauretche. Además estaban presentes los integrantes del Cabildo Abierto de los Peronistas Porteños, entre los que se destacaron Carlos Benítez, Kelly Olmos, Jorge "Quito" Aragón, Carlos Montero, Claudio Heredia, Cristina Navazo, Enrique Masllorens, Guillermo Oliveri, Lorena Pokoik, Héctor Fernández y Tito Ypas.
En la Ciudad, Carlos Tomada se hace cargo.

CARLOS TOMADA CON LA JUVENTUD

El precandidato a Jefe de Gobierno porteño, Carlos Tomada, participará HOY en un encuentro con la juventud de la Ciudad desde las 18.

El encuentro con los jóvenes militantes se llevará a cabo en el Club Círculo La Paternal, ubicado en la calle Paz Soldán 5035, y contará con la presencia de las agrupaciones Trabajo Militante, Movimiento de Participación Peronista, Corriente Abierta de Participación, Peronismo Militante, Compañeros, Agrupación Markitos Zuker, Proyecto Justicialista, Frente Unidad Peronista, Martín Fierro, y la Corriente Nacional y Popular.